El Estado comprende un factor protagónico en todo proceso político nacional de comunicación, ya que este Estado Democrático, representante de la comunidad y la nación, es la institución pública dotada del poder legítimo para formular y hacer efectiva la política por y para beneficio de la sociedad.
En Venezuela, las políticas comunicacionales del gobierno han sido motivo de discusiones en el escenario nacional y mundial. Para los sectores afectos al gobierno los medios de comunicación privados son considerados apátridas y manipulados por el imperio norteamericano. Pero para el sector opositor y la prensa independiente, no existe una acción comunicacional, existe una política de acción negativa del estado frente a estos medios que asumen posturas críticas contra el gobierno y su proyecto de Socialismo del siglo XXI.
Cuando existe polarización política en cualquier país, se hace difícil llegar a un acuerdo, o establecer mecanismos de entendimiento, respeto y tolerancia entre los medios de comunicación y el gobierno.
Desde el punto de vista jurídico, se han accionado a través de instrumentos legales (considerado violatorios por los sectores opositores), utilizando los entes del estado en materia fiscal y tributaria para sancionar a través de multas, aprobación de nuevas leyes y reestructuración de otras, sólo con la intención de silenciar algunos medios de comunicación.
CIERRE RCTV:
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